España va a
regularizar a medio millón de inmigrantes, que ya viven y trabajan aquí. Extranjeros que tendrán que
demostrar que no tienen antecedentes penales y que, si no obtienen el permiso de residencia,
no serán expulsados. El Gobierno lo plantea como una medida de
urgencia social, pero
genera polémica porque no hay consenso político ni sobre las
consecuencias, positivas y negativas, que puede tener. Lo analizamos con
Silvia Lorenzo, periodista de la sección de España de
EL MUNDO que conoce todos los detalles de esta medida
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